A fin de año vence el contrato firmado en 1994 mediante el cual el gobierno de Carlos Menem le entregaba a la empresa Metrovías la concesión del subte. El 31 de diciembre también caduca la emergencia declarada en 2012, a partir del traspaso a la órbita porteña, y prorrogada en distintas oportunidades. Esta medida dejaba en manos de la empresa estatal Subterrános de Buenos Aires (SBASE) la toma de decisiones estratégicas tales como la realización de compras y hasta la contratación de una empresa operadora sin necesidad de pasar por la Legislatura o de llamar a licitación. A partir de allí, el contrato con Metrovías se limitó a un simple Acuerdo de Operación y Mantenimiento para garantizar el servicio y administrar el personal.

Esta situación abre un panorama incierto respecto a cuál será el futuro en lo que respecta a la gestión de la red. Mientras el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura un proyecto de ley a través del cual pretende volver a concesionarla, el bloque del Frente Para la Victoria presentó una serie de proyectos con el objetivo de que la misma vuelva a ser operada por el Estado. Estos dos escenarios posibles suponen a su vez modelos de gestión claramente contrapuestos.

El modelo que propone el Ejecutivo porteño es de un tenor aún más privatista que el actual e implica un solapado intento de extranjerización, ya que mediante una licitación pública internacional procura cederle la operación a una empresa de origen europeo por un plazo de hasta 15 años -a regir a partir de 2018- , so pretexto de atraer inversiones destinadas a infraestructura.

Por su parte, los ejes centrales de las iniciativas presentadas por el bloque opositor en la Ciudad son “ampliar el horario de servicio” – entre las 5:30 de la mañana y la 1:30 del día siguiente-, “mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida”, “exigir el cumplimiento del plan de obras” y “garantizar participación de los trabajadores y los usuarios en la gestión de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE)”.

El fin último de los proyectos presentados por el FPV es “elevar la calidad del servicio del subte en tanto elemento nuclear de la movilidad de todos los vecinos que transitan por nuestra Ciudad”, para lo cual es “necesario revertir el actual modelo de gestión privado y reemplazarlo por uno de tipo estatal, siendo el GCBA (a través de SBASE) el responsable de la prestación del servicio”.

Las cartas están sobre la mesa. Ahora sólo resta saber cuál de los dos modelos en pugna logrará imponerse.