Las legisladoras porteñas del Frente de Todos, Laura Velasco y Cecilia Segura, presentaron un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo de la Ciudad que informe sobre las acciones emprendidas en el marco de la cuarentena por COVID-19 para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.

(Por WALTER ONORATO) El proyecto presentado el pasado miércoles 20 de mayo, indica con precisión en su argumentación que “es preciso indagar sobre los protocolos ante posibles contagios por Covid-19 y las medidas de refuerzo adoptadas en torno a esta pandemia para la prevención y cuidados de las niñas, niños y adolescentes.”

Solicitaron al ejecutivo que indique si se estableció un protocolo específico para ser aplicado en aquellos casos de posibles contagios de COVID-19 durante el aislamiento social preventivo y obligatorio para aquellos grupo de niñas, niños y adolescentes que forman parte del sistema de acogimiento familiar transitorio, residencial en hogares propios, residencial y en hogares conveniados.

Las legisladoras también pidieron un informe sobre si se aprobó un subsidio extraordinario destinado “para afrontar los gastos extras que surgen con motivo de las acciones de protección y prevención del COVID-19 en los hogares propios y conveniados.” Como así también que sea informada la “cantidad de niñas, niños y adolescentes que a la fecha se encuentran en el “Sistema de Acogimiento Familiar Transitorio” y si “el “Sistema de Acogimiento Familiar Transitorio” cuenta con presupuesto específico destinado para cubrir las necesidades de cada  niña, niño y adolescente.

El pedido de Información incluye entre otras cosas el “detalle de nombre y dirección de los dispositivos de cuidado residencial de gestión pública como así también la cantidad de niñas, niños y adolescentes; cuál es presupuesto mensual; cómo está conformado el equipo técnico.

El requerimiento se fundamenta en el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes (NNyA) a vivir, desarrollarse y crecer en al ámbito familiar. Siendo responsabilidad del Estado el garantizar este y todos sus derechos, así como también fortalecer, apoyar y acompañar a las familias para que puedan ejercer las funciones de cuidado.