Se realizará esta tarde un abrazo a la “Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza”. Desde las 16hs iniciaran las actividades con una “muraleada” y a las 18:30 se realizará un Taller de Tango. A partir de las 18hs con escenario abierto se espera la concurrencia de todos aquellos que quieran impedir el atropello contra la cultura y la educación que favorece a una especulación inmobiliaria millonaria.

Debemos recordar que el martes de esta semana agentes federales quisieron tapiar el local de la calle Triunvirato y Roosevelt. Los efectivos impidieron a los vecinos retirar los materiales del interior pero se logró mediante el defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, abrir un canal de diálogo que pospone el desalojo por un mes y donde las partes deberán sentarse a una nueva mesa de negociaciones.

Fue como resultado de los efectos causados por la crisis del 2001 que los vecinos del barrio recuperaron el inmueble que pertenecía al Estado Nacional y que se encontraba completamente abandonado. Anteriormente había funcionado una pizzería. El lugar se encuentra ubicado en la Av. Triunvirato N° 4766 y ahora gracias al trabajo comunitario de los vecinos funcionan talleres artísticos gratuitos, actividades culturales y una escuela secundaria para jóvenes y adultos. Es el Bachillerato Popular “Berta Caceres”, que se encuentra formalmente reconocido por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Los Vecinos denuncian

Los vecinos explican que “la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) inició juicio de desalojo fundándose en la Ley N° 17.091 sancionada en el año 1966. Esta ley tenía por objeto autorizar desalojos sumarios en caso de concesión de inmuebles de propiedad del Estado que estuviesen destinados principalmente a actividades lucrativas”.

“La Asamblea de Villa Urquiza no era concesionaria del Estado Nacional ni realiza actividades lucrativas.” por lo tanto no corresponde la aplicación de esa ley y “la orden de desalojo sin brindar derecho de defensa constituye una violación grave de los derechos de la Asamblea y de cada uno de sus integrantes.

En la sentencia dictada por el Juez ERNESTO MARINELLI, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, que ordena el desalojo se expresa que la decisión judicial fue adoptada “sin más trámite” e “inaudita parte””.