El resolución alcanza al hijo del empresario, Germán Coto. El juez Sebastián Ramos también ordenó un embargo por 3 millones de pesos.

El juez federal Sebastián Ramos procesó al supermercadista Alfredo Coto y a su hijo German por “tenencia ilegítima de material explosivo”, “acopio de armas de riesgo sin la debida autorización” y “adulteración” de los números identificatorios de distintas armas.

El magistrado ordenó, además, trabarles embargos sobre sus bienes por 3 millones de pesos a cada uno, según consta en el fallo al que accedió Tiempo Argentino.

Ramos dispuso también la inhabilitación preventiva de los “usuarios individuales” Alfredo y Germán Coto, como así también el usuario colectivo de “Coto Centro Internacional de Comercio S.A”. Luego de emitir el fallo, el juez remitió el expediente nuevamente a la fiscalía de Paloma Ochoa.

En la misma resolución, el juez procesó al prefecto Cristian Javier González por incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de confirmar que parte del arsenal hallado en Coto pertenecía al grupo Albatros y estaba bajo su cuidado.

Según consta en el fallo, en la sede del supermercado de la calle Paysandú al 1800 se encontró:

a) material perteneciente a “Coto Centro Integral de Comercialización SA” que no se encontraba acompañado de su correspondiente credencial de tenencia

b) la tenencia por parte de la firma de material perteneciente a otros usuarios

c) material que –al momento de la inspección- se encontraba sin credencial de tenencia a nombre de terceros, no obstante que poseían registro ante el organismo de control

d) material sin origen registral lícito

e) armas de fuego de uso exclusivo de instituciones militares

f) explosivos de uso exclusivo de fuerza pública

g) material de uso prohibido

En su indagatoria, Coto había dicho que las armas encontradas en la sede de uno de sus supermercados “constituyen, eventualmente, un exceso de confianza” con la empresa de seguridad privada que les prestaba servicios y las fuerzas de Seguridad del Estado.

“Las presuntas irregularidades advertidas por la inspección que diera origen a estas actuaciones solo constituyen, eventualmente, un exceso de confianza derivado de las relaciones que se tejieron en los últimos años con los organismos de Seguridad del Estado y con la empresa de seguridad privada”, había declarado por escrito.

En aquella presentación, el empresario aseguró que no cometió ningún ilícito, que por la forma piramidal de la estructura de la empresa él no estaba al tanto de cada uno de los movimientos y reiteró que las armas halladas en un local de su firma pertenecían a las fuerzas de seguridad y a la propia empresa de seguridad, aunque fueron encontradas armas a su nombre y al de su hijo.

“Carezco del control personal de los elementos que se encuentran ubicados o en custodia en algunos de los cientos de lugares donde desarrollas sus actividades la empresa”, dijo el empresario que explicó que las armas habían sido dejadas ahí por la Policía Federal (PFA), de la Gendarmería Nacional (GNA) y de la Prefectura Naval (PNA) para prevenir eventuales saqueos.

Sin embargo, en su fallo del jueves el juez Ramos remarcó que “las pruebas documentales aportadas dan por tierra con el argumento ensayado por el encartado, toda vez que se constató que las fuerzas de seguridad cuyo armamento arguyó fue dejado en distintas sedes de la empresa con motivo de las tareas de resguardo realizada contra grupos de manifestantes, en realidad, no prestaron funciones en la empresa en el pasado”.

Alfredo Coto tenía autorización para tener armas y además la cadena de supermercados contaba con una licencia como “usuario colectivo” de armas para su propia empresa de seguridad, pero estaba vencida.

Por la licencia vencida desde 2014, Coto había asegurado en su primera indagatoria que hacía tiempo que él había firmado los papeles para actualizarla pero que un gerente de la cadena de supermercados atrasó el trámite.

Fuentes judiciales remarcaron que la información aportada por las fuerzas de seguridad en la investigación preliminar realizada por el fiscal federal Jorge Di Lello, tras recibir una denuncia anónima, no coincidía con la argumentación ofrecida por Coto.

Además resaltaron que en el predio de Coto se encontró, por ejemplo, un lanzagranadas con la numeración limada, algo que no fue explicado por el empresario.

Fuente Tiempo Argentino