Este viernes tendrá lugar el primer show. La apertura será con un recital de Tini Stoessel. Los vecinos de Villa Crespo se movilizarán para registrar el impacto que genere en el barrio.

A pesar de que en las grandes ciudades del mundo se tiende a construir los nuevos estadios en áreas urbanas apartadas, este viernes se inaugura en el barrio de Villa Crespo el Movistar Arena, el mega estadio cubierto más grande de la Ciudad de Buenos Aires, con una capacidad para 15 mil personas. La apertura será con un recital gratuito de Tini Stoessel, sólo para clientes de la empresa de telecomunicaciones. Hasta allí se movilizarán los vecinos Autoconvocados de Villa Crespo contra el Megaestadio, que no quedaron conformes con la evaluación de impacto ambiental que presentó la empresa y aprobó la justicia. “Vamos a registrar todo tipo de acción que genera el recital. El tránsito, los problemas de estacionamiento, la contaminación lumínica, la basura que se produce, para futuras acciones legales”, dijo Gustavo Perrone, integrante de la organización.

Los Vecinos Autoconvocados se vienen movilizando contra el estadio desde 2018, cuando rechazaron el proyecto aprobado por la Legislatura porteña, y avalado por el Ejecutivo de la Ciudad, para levantar el estadio en tierras públicas cedidas al club Atlanta, que a su vez cedió la construcción y explotación al diario La Nación y la empresa internacional AEG Worldwide.

Desde entonces, los vecinos reclaman que se vuelva al proyecto original que establecía que el terreno era para la ampliación de la sede social del club e instalaciones y eventos deportivos, no para recitales.

“Continuamos trabajando en la legislatura para que se discuta el proyecto de ley que presentamos y estamos evaluando nuevas vías judiciales, e implementaremos un plan de recepción de denuncias”, informaron los vecinos autoconvocados.

En marzo pasado, tras la presentación de un recurso de amparo de la Fundación Ciudad por violar los pasos que establece la ley 123 para el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el juez Aurelio Ammirato suspendió la explotación económica del emprendimiento, y ordenó un nuevo estudio que aprobó semanas atrás la Agencia de Protección Ambiental (APRA). Finalmente, la justicia declaró abstracta la cautelar, pero el proceso judicial continúa abierto.

Sin embargo, para los vecinos, entre las múltiples razones para cuestionar la habilitación del estadio, hay dos que sobresalen: la contradicción “entre el uso de máxima que la Empresa presentó en el Estudio de impacto ambiental y la realidad de los shows programados. En ese estudio la Empresa asegura que serán 8 shows de 15.000 espectadores, y 18 de 13.000 espectadores por año”. Pero en el “plano de la venta de entradas que figura en su página, están en ese rango –entre 15 y 13 mil espectadores– 20 espectáculos previstos para noviembre y diciembre. Es decir: 10 por mes. Si se hace una proyección, eso da un promedio anual de máxima concurrencia de 120 shows al año. En ningún caso aparecen actividades de 3000 o 5000 espectadores”. Que representa un “aumento del 400 por ciento en relación a lo previsto en el Estudio de Impacto ambiental aprobado por el juez para habilitarlo“.

En segundo lugar, señalan que a cualquier edificio privado al que se le exijan cocheras, no se lo aprueba si no demuestra que cuenta con esos espacios. En este caso, la justicia habilitó el estadio pese a que la empresa no dio pruebas de que cuenta con esas plazas de estacionamiento.

Según explicó a Página/12 Jonatan Baldiviezo, quien lleva el patrocinio jurídico de la Fundación, si bien en el Código Urbanístico no está bien determinado cuántos estacionamientos se tiene que exigir, lo que está fuera de discusión es que el estacionamiento tiene un impacto ambiental y social en el barrio, y que hay una diferencia entre lo que la empresa afirma y la realidad. “Decía que iban a tener 400 lugares en Atlanta, otros 400 en el bajo viaducto San Martín y otras alquiladas a garajes privados. Las del bajo viaducto no están y en Atlanta no sabemos cuántas construyeron”.

Un tercer tema, según el letrado, es que “la habilitación debería ser anual o bianual y decir cuántos espectadores pueden tener. Pero la habilitación la hacen evento por evento. Es una irrgularidad porque aplican una ley que se utiliza para la habilitación de espacios que no tiene como objetivo principal el evento que se quiere habilitar. Como cuando se habilita un estadio de fútbol para un recital”.

De acuerdo al abogado, los datos que recolecten los vecinos durante los próximos recitales servirán para alimentar una nueva causa judicial. No obstante, será una nueva batalla legal discutir el impacto ambiental urbano que tiene el estadio terminado, y cuáles son los criterios de tolerancia aceptables para no alterar la vida de los vecinos. Para quienes el megaestadio “traerá beneficios a los privados, dejará migajas económicas a los directivos del Club Atlanta, y arruinará nuestro barrio, todo con el silencio y la complicidad el gobierno de la Ciudad”.

Fuente Página12