Con un claro direccionamiento desde los medios de comunicación, intentando vincular al gobierno nacional con las decisiones del Poder Judicial de otorgar prisiones domiciliarias por cuestiones sanitarias es evidentemente una tomada de pelo para la sociedad.

Cualquier alumno de la secundaria sabe a la perfección sobre la división de poderes y las facultades de cada uno de ellos. Evidentemente algunos “cacerolos” y “twiteros” parecen no conocer al respecto o quizás nunca hayan pisado una escuela.

Tal como expresó la ministra de Justicia, Marcela Losardo, no existe un plan de liberación generalizada de presos” por parte del Gobierno nacional, ante los falsos e infundados cuestionamientos y acusaciones que surgieron en los últimos días sobre las decisiones tomadas para evitar un colapso del sistema penitenciario por la expansión del coronavirus en las cárceles.

La funcionaria fue muy precisa al explicar que es “el Poder Judicial es quien toma la decisión de detener gente, enviarla a un centro de detención o excarcelarla”, recordó  en declaraciones a una radio porteña y aclaró que “no es un tema del Ministerio de Justicia”.

Losardo remarcó que “la posición del Gobierno la definió ayer el Presidente; no existe un plan de liberación generalizada ni dirigida a un caso particular”, y subrayó que “nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos” a la calle.

Sin embargo desde las redes impulsadas por el Troll Center residual del macrismo intentan imponer la desvergonzada idea que se corresponde a una planificación del Gobierno Nacional. En este sentido, la ministra Losardo aseguró que, desde el Poder Ejecutivo que ella integra, “no se van a disponer indultos, ni amnistías, ni conmutación de penas”.

“Es el Poder Judicial el que define si hay personas detenidas que corren riesgo de contagio y por eso deben continuar cumpliendo su condena en un domicilio con una tobillera electrónica”, insistió luego en declaraciones a a otra emisora. Losardo afirmó que, en cuanto al rol que le corresponde a la cartera que conduce, “lo único que se hizo desde el Gobierno es, a pedido de la Justicia, enviar un informe sobre la situación de aquellos que se encuentran detenidos en una situación de riesgo por el Covid-19, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud”.