El proyecto de ley impulsado por la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien anunció su envío al Congreso el 27 de agosto de 2009, fue debatido por la sociedad en foros federales y sancionado por el Congreso nacional.

El peregrinaje de la ley -Nº 26.522- por los tribunales comenzó el 26 de octubre de 2009, dieciseis días después de su sanción por el Parlamento, cuando el Grupo Clarín presentó un pedido de inconstitucionalidad contra varios artículos y el exmagistrado Edmundo Carbone dictó una medida cautelar que frenó su aplicación, el 15 de diciembre.

Se trata de un camino procesal que siguieron idénticamente los jueces federales de Salta, Miguel Antonio Medina, el 17 de diciembre, y de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, cuatro días después, que sostiene aún la Cámara Civil y Comercial y que siguió vigente pese a los planteos contrarios de la Corte, en una situación que la jefa de Estado catalogó como “Justicia Cautelar”.

El último capítulo de la batalla judicial fue escenificado en la Corte, cuando el 28 y 29 de agosto expusieron las partes, Clarín y el Estado, y sus amicus curiae, en una audiencia pública en la que el grupo mediático cometió errores argumentales, como admitir que su red de cable no es indivisible, como sostuvo en el expediente, y arrogarse ser los únicos garantes de la libertad de expresión.

Los primeros pasos de la construcción de esta norma se dieron en la década de 1980 con la recuperación de la democracia y el gobierno radical de Raúl Alfonsín, cuando se impulsaba desde organizaciones sociales la llamada “nueva ley de Radiodifusión argentina” para comunicación con el espíritu del plan de seguridad nacional.
Con la llegada de los `90 y las ideas neoliberales, la lucha por una nueva norma de comunicación audiovisual quedó reducida a pequeños grupos sociales en tiempos en los cuales los poderosos grupos económicos se convirtieron en los dueños de decenas de medios de comunicación en todo el país, convirtiendo al mapa comunicacional en un monopolio dominado por el Grupo Clarín, con el aval del gobierno de turno.

Tras la asunción presidencial de Néstor Kirchner en el 2003, la Coalición por una Radiodifusión democrática elaboró un documento con 21 puntos fundamentales para el contenido de la nueva norma, lo que fue contemplado por el kirchnerismo que llevó el debate de los claustros universitarios y de asociaciones de periodistas a jornadas multisectoriales de las cuales participaron todos los actores de la sociedad.

A partir de los debates en foros en todo el país, el Poder Ejecutivo nacional, con un rol protagónico del entonces titular del ex Comfer Gabriel Mariotto, elaboró el anteproyecto de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue presentada por Cristina Fernández de Kirchner el Día de la Radiofonía, el 27 de agosto, en homenaje a los “Locos de la Azotea”.

Desde el verano de 2009, con sus elaboraciones en borradores hasta la sanción del Congreso el 10 de octubre de ese año, la ley de medios tuvo más de 200 modificaciones, donde se dejó afuera a las empresas telefónicas por pedido de la centroizquierda y, antes, ya en los borradores, se había omitido incluir a los diarios, como lo establece la Constitución nacional.

Luego de un intenso debate parlamentario, la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados con 147 votos afirmativos y en el Senado, con 44, pero sus ejes fundamentales permanecen sin aplicación integral por decisión judicial desde hace cuatro años y recién ahora se iniciará el proceso de adecuación de las empresas
mediáticas con posición monopólica.

Fuente: Telam