La ley sobre la urbanización del Barrio padre Carlos Mugica salió gracias a los 40 votos conformados por el oficialismo que representan a Horacio Rodriguez Larreta, el sector de Roy Cortina y algunos diputados del PJ (Silvia Gottero, Claudio Heredia, María Rosa Muiños y Santiago Roberto) contra 12 votos negativos.

Los bloques PTS y Frente de Izquierda, votaron en contra. Mientras que Evolución no acompañó la ley ya que se abstuvo.

De esta manera se logró una nueva normativa que fue aprobada este jueves por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al proponer avanzar con la integración del barrio y la radicación definitiva de sus habitantes en el marco de las disposiciones de la Ley 3.343 sancionada en el año 2009, que plantea la urbanización del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 bis, también conocidas como Padre Carlos Mugica.

Como parte del proyecto se implementará un programa de construcción de unas 1200 nuevas viviendas además del mejoramiento de las existentes, que consistirá en dotar a las unidades de conectividad de infraestructura sanitaria, hidrófuga y eléctrica y la regularización dominial.

Se realizó una modificación al proyecto de ley que fue incorporada a último momento. La misma establecía que “no se realizarán desalojos forzosos. Toda relocalización que resulte excepcionalmente necesaria se realizará dentro del polígono del barrio y con el consentimiento de los/as beneficiarios/as”.

Se propuso la creación de un Consejo Consultivo para la Gestión Participativa (CCGP) del proceso de reurbanización integrado por el cuerpo de consejeros del barrio, un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, representantes de la presidencia y vicepresidencia de las Comisiones de Vivienda y de Planeamiento Urbano de la Legislatura, un representante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, entre otros, cuya función será evaluar los avances del proyecto.

Los beneficiarios de la presente ley serán las personas del Barrio Padre Carlos Mugica que se encuentren registradas en los empadronamientos realizados por la Dirección General de Estadística y Censos entre los años 2016 y 2018; quienes acrediten ante la Autoridad de Aplicación residencia permanente en el momento de la posesión definitiva y quienes no hayan sido beneficiarios de otros Programas de Vivienda social en los últimos 10 años en el territorio de la República Argentina. También pueden ser beneficiarias las organizaciones sociales que prestan servicios y actividades en el barrio también podrán ser beneficiarias de una parcela y/o unidad funcional.

El Título Tercero de la Ley hace referencia al ordenamiento territorial y a la normativa urbanística. En este sentido se prevé un esquema de apertura de calles, se establecen las alturas permitidas en cada parte del polígono y los usos para cada uno de esos sectores. Además se avanzará en la liberación del bajo autopista actual con la relocalización de los habitantes en viviendas nuevas, que estará sujeto al acuerdo de los vecinos.

Por otra parte, cuando se avance con la nueva traza de la autopista Illia, todo lo que hoy forma parte de la bajada pasará a ser un conector verde donde se destinará un 25% a vialidad y un 75% de su superficie a espacio público.

También se agregó el precepto de “contemplar la factibilidad de incorporar establecimientos y/o servicios de sanidad, educativos, de cultura, culto y esparcimiento” y que la autoridad de aplicación posibilite “el acceso a reducciones tarifarias suficientes en los servicios de agua potable, electricidad y alumbrado, barrido y limpieza”. También le encomienda a esa autoridad promover “la incorporación de los integrantes del grupo familiar que sean mayores de edad a programas de terminalidad educativa, capacitaciones, talleres de oficios y oportunidades laborales que tengan por finalidad mejorar su situación socioeconómica”.

En este sentido la ley sostiene en uno de sus artículos que “en el marco del proceso de reurbanización e integración social se ampliará la oferta educativa a fin de contribuir con garantizar el derecho a la educación de la totalidad los habitantes del Barrio Padre Carlos Mugica. Para tal fin se instalarán establecimientos educativos estatales y se adecuarán establecimientos comunitarios preexistentes”.

También se dispuso que “los inmuebles existentes al momento de la aprobación de esta ley que tengan un valor simbólico, histórico y/o religioso de interés general para el barrio, serán respetados y puestos en valor con el consentimiento del responsable a cargo de administración de dicho inmueble”.

La iniciativa tuvo despacho de las Comisiones de Vivienda, Planeamiento Urbano y Presupuesto y se elaboró sobre el expediente de autoría del Jefe de Gobierno; previamente hubo una iniciativa particular de Amalia Aima hecha propia por los diputados Javier Andrade y Paula Penacca (UC), que presentaron un proyecto de minoría proponiendo la vuelta a comisión del expediente porque sus objeciones no fueron consideradas y por “la multiplicidad de acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana que no están enmarcadas en ninguna ley”. “Se desconsidera el Dictamen trabajado de manera participativa e interdisciplinaria” lo que hace necesario “profundizar el debate para llegar a un resultado que realmente permita un proceso de reurbanización integral garantizándoles a los vecinos y vecinas de la villa 31 el derecho a la vivienda y a un hábitat digno”, argumentaron.