En la inauguración de la Cumbre Global de Discapacidad, los familiares de personas con discapacidad abuchearon a la vicepresidenta de la nación, Gabriel Michetti, principal oradora de la jornada

Luego de la presentación de la primera dama Argentina, Juliana Awada, la primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, y Ana Lucía Arellano, presidenta de la Alianza Internacional de Discapacidad (IDA) más de 150 PCD, familiares y representantes de instituciones y transportistas, se levantaron con carteles y remeras que mostraban la leyenda No Al Ajuste En Discapacidad.

Los familiares explicaron en un comunicado que  «de este modo buscamos, una vez más, dar a conocer la crítica situación del sector».

Hace pocos días, las organizaciones que conforman el foro, se manifestaron y movilizaron en las puertas de la Residencia de Olivos. En esta ocasión aclararon que «nos alegra que las personas con discapacidad, sus organizaciones y las que trabajan junto a ellas, se reúnan en nuestro país, pero no podemos dejar de expresarles que el gobierno que les abre las puertas, no ha respetado la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad».

Son numerosos los inconvenientes que atraviesan a estas instituciones enumeradas en los siguientes puntos

-Autoridades nombradas en la Agencia Nacional de Discapacidad con un importante desconocimiento sobre la temática, los derechos de las personas con discapacidad, las normativas nacionales y la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y con evidentes prejuicios sobre las mismas.

-Abundantes anuncios desde las máximas autoridades gubernamentales sobre políticas no asistencialistas que no se concretaron, sino que por el contrario se ha tratado de destruir lo existente (por ej. quita de pensiones no contributivas y denegación de otorgamiento de las nuevas, retroceso en el reconocimiento y acceso a prestaciones, etc.).

-Supresión sin previo aviso de la pensión por invalidez (años 2016 y 2017) por considerar que había incompatibilidades para su entrega y todo bajo un manto de sospecha de corrupción. La Justicia ordenó devolver las pensiones así quitadas por no respetar el derecho de sus titulares y las normativas administrativas.

-Para plantear las incompatibilidades con las pensiones ya otorgadas el gobierno insistió en el Decreto 432/97, que las reglamentaba, y desconoció lo sucedido históricamente a favor de la población con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Dicho decreto no respeta lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad.

-Exigencia de un nuevo certificado digital que establece la incapacidad laboral con anuncio de no pago de la pensión de no presentarse el mismo en un plazo establecido de 60 días. Esto se hizo sin haber realizado previamente la capacitación del personal sanitario y sin contar con internet en todos los centros públicos de atención del país. Se extendió el plazo unos 30 días más por los reclamos, aunque no se ha superado la dificultad con internet.

No se ha promovido el trabajo de las personas con discapacidad por más que desde altos niveles del gobierno se dijo que las personas con discapacidad podían trabajar. No se ha cumplido con hacer crecer el porcentaje de personas con discapacidad trabajando en el Estado cuando hubo nuevos nombramientos en el mismo y en las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Tampoco se ha cumplido con la Ley que regula el Empleo Protegido para personas con discapacidad.

-El Programa Incluir Salud, que está dirigido a los titulares de pensiones no contributivas, ha llegado a adeudar seis meses a los prestadores de servicios de las personas con discapacidad, actualmente debe pagos atrasados del años 2017 y 2018. Sin tener en cuenta que de estos servicios dependen la educación, rehabilitación y asistencia de miles de personas en nuestro país.

El Estado no ha dado aumentos en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad que tengan en cuenta los reales costos y la inflación reinante en nuestro país, poniendo a las instituciones prestadoras de estos servicios en una crisis terminal dejando sin atención a esta población porque el Estado no cuenta con los mismos. A raíz de ello varios servicios han tenido que cerrar en el país.

Transferencia a las Provincias de las prestaciones de transporte que permiten asistir a los diversos servicios, sin tiempo de preparación de los organismos provinciales y sin tomar los correspondientes recaudos desde el Estado Nacional. Esto provocó la suspensión de servicios para muchas personas con discapacidad y por este motivo muchas han quedado sin atención en educación, rehabilitación, asistencia, etc.

-Falta de medidas para promover la accesibilidad en el transporte público de pasajeros.

-Funcionarios nacionales han desarrollado una campaña de desprestigio hacia las personas con discapacidad al decir a la población que las pensiones las tenían personas sin discapacidad, que estas podían trabajar y no ser sostenidas por el Estado, que en realidad no había tantas personas con discapacidad en este país que no había sufrido ninguna guerra grave como la Segunda Guerra Mundial en total desconocimiento de las personas con discapacidad censadas, la pobreza estructural existente en nuestro país durante años y la crítica vulnerabilidad que padecen la gran mayoría de ellos.