A pesar de que en nuestro país rige un decreto que prohíbe despidos por el tiempo que dure la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, empresas de primer nivel como ALUAR o ACINDAR no estarían cumpliendo con la medida, y además de algunos despidos buscan la reducción de los salarios de los trabajadores en plena pandemia

(Por Walter Onorato) La empresa Aluar fue la primera en iniciar conversaciones con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con el objetivo de lograr una baja salarial a los trabajadores. La segunda gran empresa del mundo metalúrgico en continuar este camino fue Acindar.

La reducción impuesta en Acindar es del 35% de los salarios de los trabajadores de la planta. Esta empresa forma parte de la multinacional ArcelorMittal y negoció esta rebaja con la delegación de la UOM de Villa Constitución.

Facundo Velasco, el Gerente de Comunicación y Asuntos Públicos de ArcelorMittal Acindar, comunicó que “se está ofreciendo a la UOM un acuerdo en donde se le paga un 65% del sueldo neto como alternativa para mitigar el impacto de la crisis y poder preservar las fuentes de empleo en nuestras plantas”.

Agregó que “desde el día 1 de la cuarentena, tenemos todas las plantas paradas y las máquinas apagadas. La facturación actual es cero y se plantea un acuerdo de suspensiones para afrontar de la mejor forma la emergencia”. Con esta excusa desde Acindar aseguraron que despedirán a los contratados que tengan menos de un año de antigüedad.

Lamentablemente la UOM no encaró las negociaciones con la patronal en forma directa a nivel nacional sino que lo hizo por regionales y esto hace que la voz de los trabajadores se debilite y pierda fuerza a la hora de enfrentar la ilegal rebaja de salarios de parte de tan poderosas empresas.

Por ejemplo, el secretario gremial de la UOM de la seccional Villa Constitución, Pablo González en una entrevista a una radio local expresó que un acuerdo de suspensiones “es lo mejor a lo que podemos acceder los trabajadores de Acindar hoy en día”. El mismo dirigente expresó a Infobae que cobrarán “el 75% con todos los adicionales de la empresa y que en el acuerdo de suspensión se mantenga al personal contratado”.

Diferente fue la postura de los delegados de los trabajadores de la planta de La Tablada que rechazaron la “propuesta” de la patronal de plano por medio de una asamblea de operarios. “Una rebaja salarial en un contexto como el actual implicaría un golpe a los ingresos de los compañeros. En todo caso, un plan de suspensiones debería garantizarse sin pérdida salarial alguna”, sostuvieron en un comunicado de prensa los delegados de la planta de La Tablada. La gremial en ese caso tomó una postura distinta al referirse que la reducción de salarios “es condenar a los compañeros a una situación de vulnerabilidad total a la pandemia”.

Por otro lado, desde ALUAR, el principal productor de aluminio del país, se indicó que tienen en funcionamiento el 50% de la planta con la mitad de personal y un grupo realizando Home Working. En este contexto muy lejos de tomar una actitud solidaria con sus trabajadores, la empresa intenta la baja de los sueldos y se confirmó que postergarán el pago del bono anual que había estipulado con la UOM.

El presidente de ALUAR, Javier Madanes Quintanilla, en declaraciones a la radio AM 530 expresó que «hicimos una propuesta que cerramos con la UOM y la UOCRA en la que se está efectuando una disminución de la remuneración a aquellas personas que no concurren a las tareas que antes eran habituales».

También hizo referencia a las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno nacional al expresar que “el camino que eligió Alberto Fernández es éticamente incuestionable pero económicamente peligroso” y sostuvo que “para sostener un desequilibrio económico hay que conocer la magnitud del problema que se enfrenta. Hoy no conocemos la dimensión del golpe que estamos recibiendo”.

Estas grandes empresas plantean una falsa dicotomía entre economía o salud. Hacen presión al gobierno de Alberto Fernández con la baja de sueldo y despidos de trabajadores para que la cuarentena sea levantada. En definitiva, es la misma actitud tomada por los industriales italianos que determinó un gravísimo error que subsumió al país europeo en la pandemia. A continuación transcribimos un excelente artículo que explica lo ocurrido en la región de Lombardía y la responsabilidad de los industriales por los miles de muertos ocasionados por el coronavirus.



Bérgamo, la masacre que la patronal no quiso evitar

Por Alba Sidera Roma , 10/04/2020 para ctxt.es

El área de Italia más devastada por la Covid-19 es un gran polo industrial. No se declaró nunca zona roja debido a las presiones de los empresarios. El coste en vidas humanas ha sido catastrófico

Hay imágenes que marcan una época, que quedan grabadas en el imaginario colectivo de un país. La que no podrán olvidar en años los italianos es la que fotografiaron los vecinos de Bérgamo desde sus ventanas la noche del 18 de marzo. Setenta camiones militares cruzaron la ciudad en medio de un silencio sepulcral, uno detrás de otro, en una marcha lenta en señal de respeto: transportaban cadáveres. Los llevaban a otras ciudades fuera de Lombardía porque el cementerio, el tanatorio, la iglesia convertida en tanatorio de emergencia y el crematorio en funcionamiento 24 horas al día ya no daban abasto. La imagen plasmaba la magnitud de la tragedia en curso en el área de Italia más afectada por el coronavirus. Al día siguiente, el país amaneció con la noticia de que era el primero en el mundo en muertes oficiales por Covid-19, la mayoría en la Lombardía. Pero, ¿por qué la situación es tan dramática precisamente en Bérgamo? ¿Qué es lo que ha pasado en esa zona para que en marzo de 2020 haya habido un 400% más de muertos que el mismo mes del año anterior?

El 23 de febrero los positivos en coronavirus en la provincia de Bérgamo eran 2. En una semana, llegaban ya a 220; casi todos en Val Seriana. En Codogno, población lombarda donde el 21 de febrero se detectó el primer caso oficial de coronavirus, bastaron 50 casos diagnosticados para cerrar la ciudad y declararla zona roja. ¿Por qué no se hizo lo mismo en Val Seriana? Porque en este valle del río Serio se concentra uno de los polos industriales más importantes de Italia, y la patronal industrial presionó a todas las instituciones para evitar cerrar sus fábricas y perder dinero. Y así, por increíble que parezca, la zona con más muertos por coronavirus por habitante de Italia –y de Europa– nunca ha sido declarada zona roja, a pesar del estupor de los alcaldes que lo reclamaban, y de los ciudadanos, que ahora exigen responsabilidades. Los médicos de cabecera de la Val Seriana son los primeros en hablar claro: si se hubiera declarado zona roja, como aconsejaban todos los expertos, se habrían salvado centenares de personas, aseguran, impotentes.

La historia es aún más turbia: quienes tienen intereses en mantener las fábricas abiertas son, en algunos casos, los mismos que tienen intereses en las clínicas privadas. La Lombardía es la región italiana que más representa el modelo de mercantilización de la sanidad y ha sido víctima de un sistema corrupto a gran escala liderado por el que fue su gobernador durante 18 años (del 1995 al 2013), Roberto Formigoni, miembro destacado de Comunión y Liberación (CyL). Era del partido de Berlusconi, quien le definía como “gobernador vitalicio de la Lombardía”, pero contó siempre con el apoyo de la Liga, que gobierna la región desde que Formigoni se fue, acusado –y luego condenado– por corrupción en la sanidad. Su sucesor, Roberto Maroni, inició en 2017 una reforma de la sanidad que recortó aún más las inversiones en la pública y que prácticamente ha abolido la figura del médico de familia, sustituyéndolo por la del “gestor”. “Es verdad, en los próximos 5 años desaparecerán 45.000 médicos de cabecera, pero ¿quién va todavía al médico de cabecera?”, dijo impertérrito en agosto del año pasado el político de la Liga Giancarlo Giorgetti, entonces vicesecretario de Estado del Gobierno Conte-Salvini.

La epidemia en la zona de Bérgamo, la llamada Bergamasca, se inició oficialmente la tarde del domingo 23 de febrero, aunque los médicos de cabecera –en primera línea de la denuncia de la situación– aseguran que ya desde finales de diciembre atendían muchísimos casos de pulmonías anómalas en personas incluso de 40 años. En el hospital Pesenti Fenaroli, de Alzano Lombardo, un municipio de 13.670 habitantes a pocos kilómetros de Bérgamo, ese 23 de febrero llegaron los resultados de los tests de coronavirus de dos pacientes ingresados: eran positivos. Dado que ambos habían estado en contacto con otros pacientes y con médicos y enfermeros, la dirección del hospital decidió cerrar las puertas. Pero, sin ninguna explicación, las reabrieron pocas horas después, sin desinfectar las instalaciones ni aislar a los pacientes con Covid-19. Es más: el personal médico estuvo una semana trabajando sin protección; un buen número de sanitarios del hospital se contagió y extendió el virus entre la población. Los contagios se multiplicaron por todo el valle. El hospital resultó ser el primer gran foco de infección: pacientes que ingresaban por un simple problema de cadera acababan muriendo por haberse contagiado de coronavirus.

Los alcaldes de los dos municipios más golpeados de la Val Seriana, Nembro y Alzano Lombardo, esperaban cada día a las siete de la tarde que les llegara la orden de cerrar la población, que era lo que habían acordado. Todo estaba listo: las ordenanzas redactadas, el ejército movilizado; el jefe de la policía les había comunicado los turnos que se harían en las guardias y las tiendas estaban montadas. Pero la orden no llegó nunca, y nadie supo explicarles por qué. En cambio, sí llegaron continuas llamadas de los empresarios y dueños de las fábricas de la zona, preocupadísimos por evitar a toda costa el cierre de sus actividades. No se escondían.



Sin ningún pudor, el 28 de febrero, en plena emergencia por Coronavirus –en 5 días se habían alcanzado los 110 infectados oficiales en la zona, ya fuera de control–, la patronal industrial italiana, Confindustria, inició una campaña en redes con el hashtag #YesWeWork. “Tenemos que bajar el tono, hacer entender a la opinión pública que la situación se está normalizando, que la gente puede volver a vivir como antes”, dijo el presidente de Confindustria Lombardía, Marco Bonometti, en los medios.

El mismo día, Confindustria Bergamo lanzó su propia campaña dirigida a los inversores extranjeros para convencerles de que allí no sucedía nada y de que ni de broma iban a cerrar. El eslogan era inequívoco: “Bergamo non si ferma / Bergamo is running” (Bérgamo no se detiene).

El mensaje del vídeo promocional para los socios internacionales era un despropósito: “Se han diagnosticado casos de Coronavirus en Italia, pero como en muchos otros países”, minimizaban. Y mentían: “El riesgo de infección es bajo”. Echaban la culpa a los medios por un injustificado alarmismo, y mientras mostraban a obreros trabajando en sus fábricas presumían de que todas las fábricas continuarían “abiertas y a pleno rendimiento, como siempre”.

Tan solo cinco días después estalló el enorme brote de contagios y muertes que acabó siendo el más importante de Italia y de Europa. Pero ni así retiraron la campaña, ni mucho menos se plantearon cerrar las fábricas. Confindustria Bergamo agrupa a 1.200 empresas que emplean a más de 80.000 trabajadores. Todos fueron expuestos al virus, obligados a ir a trabajar, en buena parte sin medidas adecuadas –hacinados, sin distancia de seguridad ni material de protección–, poniéndose en peligro a ellos mismos y a todo su entorno.

El alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, del Partido Democrático, también se había unido al clamor de no cerrar la ciudad y el 1 de marzo invitaba a la gente a llenar los negocios del centro con el eslogan “Bérgamo no se detiene”. Más adelante, frente a la evidencia de la catástrofe, se arrepintió y reconoció que había tomado medidas demasiado blandas para no entorpecer la actividad económica de las potentes empresas de la zona.

El 8 de marzo los contagios oficiales en la Bergamasca habían pasado, en una semana, de 220 a 997. Por la tarde se filtró que el Gobierno quería aislar la Lombardía. Después de horas de caos en que muchos abandonaron Milán en estampida, Giuseppe Conte apareció, ya de madrugada, en una confusa rueda de prensa a través de Facebook para anunciar el decreto. No era lo que esperaban los alcaldes de las poblaciones de la Val Seriana: nada de zona roja, sino naranja. Es decir, se restringían las entradas y salidas de los municipios, pero todo el mundo podía seguir yendo al trabajo.

Al cabo de dos días, el confinamiento se extendió a toda Italia por igual. Y nada cambió en la zona de la Bergamasca, donde los contagios crecían y crecían al mismo ritmo imparable de sus fábricas funcionando a toda máquina. “Cuando todos en la zona, sobre todo en Nembro y Alzano Lombardo, daban por descontado que se iba a declarar la zona roja, algunas empresas importantes de la zona hicieron presión para retrasarla lo más posible”, cuenta Andrea Agazzi, secretario general del sindicato FIOM Bérgamo, en el programa Report, de la RAI. Y añade: “Confindustria jugó sus cartas y el gobierno eligió de qué parte iba a estar”.

Los contagios y las muertes aumentaron imparables, especialmente en las zonas industriales de la Lombardía situadas entre Bérgamo y Brescia. Un mes exacto después del primer caso oficial de coronavirus en Italia, el sábado 21 de marzo, se llegó al triste récord de casi 800 muertos diarios. Los gobernadores de la Lombardía y el Piamonte –otro gran polo industrial– declararon que la situación era insostenible y que era necesario detener la actividad productiva. Conte, que hasta entonces se había mostrado contrario a la medida, apareció por la noche abrumado para decir que sí, que ahora sí, se cerrarían “todas las actividades económicas productivas no esenciales”.

Confindustria se activó de inmediato e inició una ofensiva de presión al Gobierno. “No se pueden cerrar todas las actividades no esenciales”, decían en una carta al premier detallando sus exigencias. Los industriales lograron que el decreto tardara 24 horas en ser aprobado y que Conte aceptara sus condiciones. En efecto, el Gobierno había elegido de qué parte estar, y no era la de los trabajadores.

Los sindicatos, en bloque, se pusieron en pie de guerra y amenazaron con una huelga general si no se cumplía el cierre real de las actividades productivas no esenciales. Confindustria había conseguido que se añadieran a la lista de actividades que podían seguir funcionando muchas que no eran de primera necesidad, como las de la industria de armas y municiones. Además, incluyeron una especie de cláusula que permitía, en la práctica, que cualquier empresa que declarase que era “funcional” para una actividad económica esencial pudiese permanecer abierta. Esto hizo que solo en un día, en Brescia, la otra provincia lombarda golpeada por el coronavirus, más de 600 empresas que no estaban en la lista de las esenciales iniciasen los trámites para poder continuar en funcionamiento.

”No entiendo los motivos por los que los sindicatos querrían hacer huelga. El decreto ya es muy restrictivo: ¿qué más se tendría que hacer?”, dijo, poco empático, el presidente de Confindustria, Vincenzo Boccia. Y añadió: “Ya perderemos 100.000 millones de euros al mes; no detener la economía conviene a todo el país”. Annamaria Furlan, secretaria general del sindicato CISL, trató de explicárselo: “Hace 40 años que soy sindicalista y no he pedido nunca el cierre de ninguna fábrica, pero es que ahora está en riesgo la vida de las personas”.

Los trabajadores de las fábricas iniciaron protestas y paros mientras los sindicatos negociaban con el Gobierno, que al final recapacitó. Se eliminaron algunas actividades de la lista de las más de ochenta consideradas esenciales, como la industria armamentística o los call-centers que venden por teléfono ofertas no requeridas, y se restringieron las industrias petroquímicas. También se acordó que no era suficiente la autocertificación de una empresa para pasar a ser considerada funcional para una esencial, y el compromiso de tutelar el derecho a la salud de los trabajadores que continuasen en las fábricas. Con todo, quedaron puntos ambiguos en el decreto y hay una zona gris que permite a muchas fábricas continuar abiertas. Del mismo modo, muchos obreros continúan trabajando sin la debida distancia de seguridad ni el material adecuado.

Las fábricas de la Bergamasca continuaron prácticamente todas abiertas hasta el 23 de marzo, cuando los contagios oficiales en la zona ya eran casi 6.500. Una semana después, el 30 de marzo, a pesar del decreto de cierre de “todas las actividades productivas no esenciales”, había 1.800 fábricas abiertas y 8.670 infectados oficiales en la zona.

Pongamos nombre a las fábricas que no quisieron cerrar. Una de las empresas de la zona es Tenaris, líder mundial en la fabricación de tubos y servicios para la exploración y producción de petróleo y gas, con una facturación de 7.300 millones de dólares y sede legal en Luxemburgo. Emplea a 1.700 trabajadores en su fábrica de la Bergamasca y pertenece a la familia Rocca, con Gianfelice Rocca, el octavo hombre más rico de Italia, de propietario. En la provincia de Bérgamo, como en toda la Lombardía, la sanidad privada es muy potente. En la Bergamasca, en concreto, la mitad de los servicios sanitarios pasan por la privada. Las dos clínicas privadas más importantes de la zona, que facturan más de 15 millones de euros anuales cada una, pertenecen al grupo San Donato –cuyo presidente es nada menos que el ex-viceprimer ministro italiano Angelino Alfano, exdelfín de Berlusconi– y al grupo Humanitas. El presidente de Humanitas es Gianfelice Rocca, también propietario de Tenaris, la industria que no ha querido mandar sus trabajadores a casa. La sanidad privada bergamasca no se activó por la emergencia Coronavirus hasta el 8 de marzo, cuando, por decreto, se tuvieron que posponer todos los servicios no urgentes. Solo entonces empezaron a hacer sitio para los pacientes con Covid-19.

Brembo es otra gran empresa con fábricas en la Bergamasca. Pertenece a la potente familia Bombassei, también metida en política: Alberto, el hijo del fundador, fue diputado por Scelta Civica, el partido de Mario Monti. Tiene 3.000 trabajadores en sus fábricas de la zona de Bérgamo, donde producen frenos para coches. Factura 2.600 millones de euros. No quisieron cerrar.

La Val Seriana fue industrializada en gran parte por empresas suizas hace más de 100 años, por lo que la presencia de fábricas ligadas a Suiza es aún importante. Otra gran empresa que tiene más de 6.000 trabajadores en Italia, más de 850 en la Bergamasca, es ABB, con capital suizo y sueco. Líder en robótica, factura 2.000 millones de euros. El 30 de marzo seguía abierta con total normalidad.

Persico, empresa italiana que produce componentes de automoción, con 400 trabajadores y 159 millones de facturación, tiene sede en Nembro, el municipio con más muertes por Covid-19 por habitante de Italia. Pierino Persico, el propietario, fue uno de los que más se opuso a que se declarase la zona roja.



En Nembro, en marzo de 2019 murieron 14 personas. El mismo mes de este año han sido 123 (un aumento del 750%). Y aun así, los infectados oficiales son solo 200. En Alzano Lombardo, en marzo del 2019 murieron 9 personas; este marzo, 101. En la ciudad de Bérgamo (de 120.000 habitantes) los muertos este marzo han sido 553, mientras que en marzo del 2019 fueron 125. Los datos de infectados no son fiables porque no se hacen tests, y desde la Protección Civil italiana –que ofrece los recuentos– se advierte que los números deberían multiplicarse al menos por diez. Según un estudio publicado por el Giornale di Brescia, en esta provincia lombarda la cifra de infectados sería 20 veces mayor que la oficial, un 15% de la población. Y lo mismo con los muertos. Según este estudio, serían el doble de los oficiales, es decir 3.000 solo en la provincia de Brescia. La falta de tests –a los vivos y a los muertos– hace imposible efectuar un recuento fiable. Lo que sí se sabe es que Italia es el país del mundo con más fallecidos por Covid-19, alrededor de 18.000, y la mayoría son de la zona del norte industrial.

Ahora, frente a los miles de cadáveres y a una población que empieza a convertir su dolor en rabia, todos se sacuden las culpas. El gobernador de la Lombardía, el leghista Attilio Fontana, culpa al gobierno central y asegura que no fue más estricto porque no le dejaron. En realidad, si hubiera querido habría podido serlo, como lo fueron los gobernadores de Emilia Romaña, Lacio y Campania, que decretaron zonas rojas en sus regiones. La verdad es que ninguna autoridad ha estado a la altura, excepto los alcaldes de las poblaciones pequeñas, que son los únicos que han reconocido –y denunciado públicamente– las presiones de los industriales, que les asediaban a llamadas para intentar de todas todas evitar o posponer el cierre de las fábricas. Desde una Bérgamo herida y aún en shock, los ciudadanos empiezan a organizarse para pedir que se esclarezcan los hechos y que alguien asuma, al menos, la responsabilidad de haber permitido que los intereses económicos primasen sobre la salud –es decir, la vida– de los trabajadores de la Bergamasca. Muchos de ellos, por cierto, precarios.

https://www.infobae.com/economia/2020/04/10/para-preservar-los-puestos-de-trabajo-acindar-le-ofrecio-a-la-uom-un-recorte-del-35-en-los-sueldos/

https://www.iprofesional.com/inflacion/313451-acindar-le-ofrecio-a-la-uom-un-recorte-del-35-en-sueldos-por-la-cuarentena

https://www.lapoliticaonline.com/nota/124557-aluar-perdio-mas-de-1-400-millones-en-la-segunda-mitad-de-2019/

https://redaccion.conclusion.com.ar/gremiales/aluar-trabaja-al-50-de-su-capacidad-y-ya-acordo-la-disminucion-de-salarios/04/2020/

http://www.lineasindical.com.ar/aluar-trabaja-acordo-sindicatos-disminucion-salarios-n-1599448.html

https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31884/Alba-Sidera-Italia-coronavirus-lombardia-patronal-economia-muertes.htm